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Según expertos sobre el proyecto de Ley del Código del Sistema Penal amenaza con cerrar empresas

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Norma. El proyecto de Ley aún está en debate en la Comisión de Justicia de la ALP.

 

Dos abogados, expertos en leyes y normas, Raúl Codarco y José Luis Santistevan, señalan que el artículo 71 del proyecto de Ley del Código de Sistema Penal, está orientado no solo a la judicialización de las empresas de manera penal sino al cierre definitivo de las mismas, previa confiscación del 20% de su patrimonio.

"Peligrosamente se da pie a que los representantes legales vayan presos, además del daño civil por la comisión de un delito, hay una multa que aplicarán sobre el 20% del patrimonio de una empresa. Y dependiendo del tipo penal pueden solicitar hasta la cancelación de su matrícula en el registro de comercio", señaló Condarco.

A su vez, Santistevan señala que en el fondo lo que está buscando el gobierno es una estructura jurídica de control de todas las entidades no estatales, cada vez de manera más gradual. "Es que la estructura judicial ya está controlada por el gobierno, y para ejecutar ese control le falta normas y el código dará cumplimiento a todo ello, con el único objetivo de aniquilar la empresa privada y lograr su control total", precisó.

El efecto entre privados. Condarco señala que no solo es inherente a la relación empresa privada y Estado sino que afecta a todo nivel, figura bajo la cual se penalizará un delito además de la persona natural también a la persona jurídica.

"Si una persona compra una cocina a una empresa y ese producto provoca un incendio, la persona que ha adquirido un bien estará facultado a meter preso no solo al gerente y también a la empresa. Definitivamente esto siembra una inseguridad jurídica total”, señaló.

En ese contexto, el experto señala que con dicho proyecto normativo lo convertirá a un país no como un "Estado Social de Derecho" como está contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE).

En tanto Santistevan argumenta que la norma como está redactada en el artículo 71 es terriblemente dañina y peligrosa, cuando cita que las entidades no estatales puedes ser sancionadas penalmente por 49 infracciones. "Es que el gobierno ha visto que la única manera de controlar a las empresas y otras entidades no estatales, además de mantener callados, es con esta norma. Es muy peligroso", señaló.

Una reunión en La Paz. Después de varias horas de reunión entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se acordó instalar una mesa técnica que trabajará desde la próxima semana en el análisis de las 49 penalizaciones en contra de las personalidades jurídicas que incorpora el proyecto de Ley del Código Procesal Penal.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, al momento de abandonar las instalaciones legislativas, destacó la predisposición del presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño, al diálogo para conocer la posición del sector privado sobre el proyecto del nuevo Código Procesal Penal. "El sector empresarial tiene claro que se opuso, se opone y se opondrá a cualquier acción que considere violente nuestros derechos constitucionales. El presidente Evo Morales ha reiterado que los derechos constitucionales de los empresarios han estado, están y estarán garantizados y eso nos da la tranquilidad para que este proceso de diálogo llegue a un buen término", señaló.