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Autorizan asentamiento a 63 familias del Chaco tarijeño

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El Instituto Nacional de Reforma Agraria entregó este martes 30 de abril en la unidad educativa Sotos La Vertiente de la comunidad del mismo nombre, ubicada aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. La entrega estuvo a cargo del Director Nacional del INRA, Juanito Félix Tapia García, el Director Departamental del INRA en Tarija, Walter Martínez Espíndola, el Director General de Saneamiento y Titulación del INRA, Jhonny Cordero y la jefa de Unidad de Valles, María Luz López.

Asimismo, se contó con la presencia del Ejecutivo Seccional de la Primera Sección de la Provincia Gran Chaco, Marcial Rengifo, el Alcalde de Yacuiba, Carlos Bru, el Coordinador Nacional del Movimiento Sin Tierra, Juan Villcasana y el Coordinador Regional del Movimiento Sin Tierra, Damián Anagua.

Las autoridades presentes destacaron la importancia de la entrega porque permitirá a las familias beneficiadas contar con terrenos para trabajar en pro del desarrollo productivo que será apoyado por ellos para el engrandecimiento de la provincia, el departamento y el país.

Se entregaron dos Resoluciones de Autorización de Asentamiento a las comunidades Campesina Sotos de la Vertiente y Comunidad Agroecológica Buena Vista beneficiando a 63 familias del Movimiento Sin Tierra procedentes de la misma zona en su mayoría, informó el Director General de Administración de Tierras del INRA, Víctor Espinal Villca.

Las comunidades que recibieron sus Resoluciones se asentarán en una superficie total de 2.069 hectáreas ubicadas en los municipios de Yacuiba y Villamontes, de la provincia Gran Chaco.

Estas comunidades se dedican a la agricultura, mediante la producción de maíz y maní fundamentalmente y en menor medida a la crianza de ganado vacuno, caprino y porcino.

La entrega de las resoluciones de Autorización de Asentamiento constituye una primera etapa en la dotación de tierras fiscales por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, debiendo las comunidades beneficiarias cumplir la Función Social durante por lo menos un año para luego ser sometidas a una evaluación y si corresponde, recibir una Resolución de Dotación y posterior título ejecutorial sobre las tierras otorgadas.