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Gobierno entregó a productores el reglamento de la Ley 337

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Regularización de desmontes se iniciará con pruebas piloto

INFORME Se beneficiarán 26.000 productores que deforestaron predios sin autorización entre 1996 y 2011; pagarán multas y producirán alimentos.

Foto: cortesia El Deber

Página Siete / La Paz - Productores agropecuarios cruceños, reunidos con el vicepresidente Álvaro García Linera.

El Gobierno entregó a los productores agropecuarios la reglamentación de la Ley 337, con lo cual el proceso de regularización de desmontes se iniciará con pruebas piloto del 1 al 15 de septiembre, en los municipios de Pailón y Concepción, en Santa Cruz.

La Ley de Apoyo a la Producción y Restitución de Bosques (337) permite que los dueños legales de tierra que deforestaron predios sin autorización entre 1996 y 2011, en lugar de que se les revierta sus predios, puedan pagar una multa, reforestar y producir alimentos durante los próximos cinco años.

La reglamentación fue presentada al sector por el vicepresidente Álvaro García Linera, en una reunión de cuatro horas efectuada el viernes en Santa Cruz.

La autoridad informó, según Cadena A, que en principio podrán acogerse a la regularización los dueños de más de tres millones de hectáreas. El miércoles pasado se aprobaron los recursos económicos para el plan piloto, que busca consolidar la ampliación de la frontera agrícola y producir más alimentos.

Se creará una unidad técnica de coordinación del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que planifica y ejecuta la implementación y monitoreo del plan.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, destacó la reglamentación de capítulos de desmontes porque beneficiará a 26.000 productores. “Fue una reunión productiva donde se analizó la ley de desmontes, pero el reglamento está definido y en septiembre se hará la prueba piloto. Eso nos dará el parámetro de cómo se puede trabajar, es una ley que beneficia a más de 20.000 productores y debe llegar a la gente que tiene más problemas”, precisó.

Según El Deber, las medianas empresas de producción forestal pagarán 60 dólares por hectárea, las medianas de uso múltiple 40 dólares, las pequeñas propiedades 20 dólares y las comunidades campesinas diez dólares.

Los empresarios deben llevar adelante un plan de reforestación por cinco años, producir de forma obligatoria alimentos para el mercado interno y externo, y mejorar su rendimiento. Además, los pequeños empresarios podrán incrementar sin multas su frontera agrícola hasta en 15 hectáreas. Éstos están obligados a acogerse al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques para evitar que sus tierras sean revertidas al Estado. Para el Gobierno, esta política permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento entre 9,6 y 13,6 millones de toneladas por año, sobre todo de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar, señala una nota del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

De los cuatro millones de hectáreas de tierras deforestadas ilegalmente entre 1996 y 2011, el 56% está en Santa Cruz, 19% en Beni, 12% en Tarija, 8% en Pando, 4% en Chuquisaca y 1% en Cochabamba.En el ámbito empresarial, García Linera anunció la creación del contribuyente productivo, una propuesta formulada por el empresariado cruceño cuyo fin es promover la eficiencia administrativa en instituciones estatales, reportó El Deber.

 

Antecedentes

Crítica Para el CIPCA, la Ley 337 es un perdonazo a quienes han deforestado el bosque de manera ilegal, utilizando como pretexto la seguridad alimentaria. La ampliación de la frontera agrícola, sin embargo, no garantiza en sí misma la seguridad alimentaria nacional, en contrapartida genera una fuerte degradación en los medios de vida de las poblaciones locales y tiende a amplificar la extranjerización de la tierra.

Reunión Tras el encuentro entre autoridades de Gobierno y el sector productivo cruceño quedan pendientes el veto al uso de semillas transgénicas, la ampliación de dos a cinco años de la Función Económica Social la ley contra la toma ilegal de predios agrícolas.