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Norma no especifica propiedad privada y establece penas sólo hasta ocho años

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2013 fue el año de los avasallamientos en el país.

El proyecto de Ley 119/2013-2014, Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, que fue aprobado ayer en grande y en detalle por la Comisión de Constitución-Legislación y Sistema Electoral, no especifica el respeto a la propiedad privada y establece como máximo ocho años de privación de libertad para quienes realicen tráfico de tierras y avasallamientos.

 

La Ley en el artículo 1, numeral 2, dice que se modificará el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana o rural.

Los capítulos 337 bis, 351 ter, que serán incluidas en el Código Penal está en capítulo 8: “Artículo 337 bis. (Tráfico de tierras). El que por sí o por terceros arriende, negocie o realice donaciones, compra –venta o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del estado o de las entidades públicas o tierras fiscales de manera ilegal, será sancionado por privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años, menciona.

También indica respeto a la propiedad privada “Artículo 351 bis. (Avasallamiento). El que por sí o por terceros, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras o inmuebles individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes del patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales, perturbando el ejercicio de la posesión o del derecho propietario, será sancionado con privación de libertad tres (3) a ocho (8) años”, señala.

La diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, indicó que la Ley no puede ser aprobada debido a que carece de modificaciones para pedir más años de castigo para personas que irrumpan a propiedades privadas. Dijo que el avasallamiento es un delito de acción pública que debiera ser penado con cinco años de cárcel como mínimo, con diez años por afectar a la propiedad privada y con 13 años castigado a quienes incurran en la violencia y amedrentamientos en la toma de predios.

Además en el capítulo II, (Procedimiento jurisdiccional ambiental) y en el capítulo 8, dice que se sancionará a los responsables según los daños y perjuicios: “La sentencia impondrá el pago de daños y perjuicios y costos, según corresponda”, y en el parágrafo II del artículo 9 cita: “Se establece la responsabilidad solidaria para todos quienes participan de acciones de avasallamiento material o intelectualmente”.

En tanto, en disposiciones adicionales, en su parágrafo II, cita, “Los predios de extranjeros que no tuvieren antecedente agrario, no serán objeto de reconocimiento de derecho de propiedad agraria”, el III, “Se reconocen y respetan los derechos de propiedad agraria de los predios con antecedente agrario, sobre la superficie que cumpla la Función Económica Social” y en el IV, “Se reconocen y respetan los derechos de propiedad agraria de los predios de poseedores legales nacionales, sobre la superficie que cumpla la Función Económica Social, hasta el límite establecido en la Constitución Política del Estado de 10 mil hectáreas”.

Por su lado, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, declaró que la Ley garantizará seguridad jurídica a la propiedad agraria y urbana en Bolivia. Señaló que la Ley tiene el objetivo de luchar contra mafias organizadas que están dedicados al avasallamiento de tierras. “Se ha sugerido su aprobación sin ninguna modificación y existe una urgencia de aprobar esta Ley antes del receso”, indicó Arce.

El diputado de Convergencia Nacional (CN), Franz Choque, apuntó que con Ley se ha creado dos tipos penales que permitirá sancionar a los responsables con 3 hasta 8 años de cárcel con un agravante para los reincidentes, servidores públicos que llega a un tercio de la pena asignada: “Es necesario porque se están sufriendo avasallamientos en los departamentos; hemos tenido un vacío en la normativa y ahora nos permitirá activar demandas para proteger la propiedad privada”.

El art. 4. (Competencias) dice “los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal, son competentes para conocer y resolver las acciones establecidas en la presente Ley”.

Los parlamentarios de la Cámara de Diputados tratarán hoy la Ley en su estación en grande y en detalle para su aprobación.