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Jue, Dic

El INRA y casos referidos al agro

Agrícola
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No se quería que se repitan las arbitrariedades cometidas antes de l953 y que dieron lugar a necesarias rectificaciones a todo el régimen legal agrario que sufrió todo tipo de modificaciones y se lo manejó bajo intereses partidistas que han mellado los intereses de los usuarios.
La ley de Reforma Agraria resultó una especie de bendición para todas las personas y entidades que hacían actividades agrarias y en todo lo que tenía que ver con la concesión de tierras y disposiciones que beneficien especialmente a campesinos e indígenas. Una ley que evite el abuso de propietarios de tierras y evite el asalto a propiedades para enriquecer a quienes juzgaron que las tierras deben ser “de beneficio personal” de poseedores de fincas, haciendas y otros, pero arrebatándoselas a campesinos e indígenas que eran los legítimos dueños. Una ley que propuso la implantación de la justicia y que se trabaje bajo normas técnicas, sociales y financieras para beneficio de las personas que trabajen la tierra. Pero la ley sirvió solo a quienes la usaron como instrumento para obtener ventaja personal, en desmedro de los propietarios legítimos.
Los gobiernos, con la intención de dar funcionalidad a la ley y aplicarla honesta y correctamente, creyeron que cambiando las siglas del nombre lo remediaban todo. Pero todo siguió por los mismos senderos de ilegalidad, arbitrariedades y abusos que beneficiaron a gente inescrupulosa. Periódicamente surgen denuncias sobre abusos y manoseo de disposiciones legales por parte de funcionarios ilegítimos y arbitrarios. Así, como reciente ejemplo está el caso de posibles “asaltantes y ladrones de Guarayos que pretenden apoderarse de tierras de campesinos e indígenas de toda esa región” y no habría autoridad que evite los extremos. Esta situación se ha repetido muchas veces, porque ningún régimen de gobierno ha intentado siquiera la devolución de tierras en casos en los que hubo asentamientos ilegales con la “instalación de familias calificadas arbitrariamente como legítimas propietarias”.
Esta clase de latrocinios no deben ocurrir y, ante actos similares, disponer devoluciones inmediatas, con los resarcimientos del caso a favor de los legítimos propietarios. Muchas veces se anunció que “funcionarios legales actuarían en beneficio de propietarios, que serían respetados sus derechos, que habría la devolución de lo ilegítimamente hecho propiedad por asaltantes”. Se anunció la puesta en marcha de disposiciones que eviten violación a las leyes, que se repararía los daños en los casos, según investiguen y establezcan las autoridades legales del INRA. Sin embargo, casi nada se hizo en tal sentido y las arbitrariedades continuaron. Cuando los medios de comunicación requieren información de los responsables de atender dichos problemas, la respuesta fue simple. “Ya se dará a conocer las medidas que se adoptará en lo inmediato y no habrá nuevos abusos”. Pero todo quedó en las promesas de siempre y lo ilegal y arbitrario no tiene fin y menos explicación alguna por parte del INRA que, según parece, obra conforme a intereses político-partidistas, y las autoridades habrían mostrado las respectivas autorizaciones.

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