SANTA CRUZ : Cívicos activan comisión de tierras ‘itinerante’ para desalojos en la Chiquitania

Agrícola
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Hoy vence el plazo para que el INRA desaloje asentamientos ilegales. El presidente cívico se trasladará a San José de Chiquitos para informarse sobre avasallamientos. Habrá reuniones en cada municipio chiquitano. El INRA anticipa que cumple con normativas

En el Cabildo se planteó también un plazo de 10 días a la Gobernación de Santa Cruz, para que ponga en funcionamiento la Comisión Agraria Departamental (CAD), y que la Organización Indígena Chiquitana (OICH) tenga una participación del 50% o más en la toma de decisiones. | Foto: Jorge Uechi

Rafael Véliz.- Se abre un nuevo episodio en la batalla por la tenencia de tierra en la Chiquitania. Hoy vence el plazo dispuesto por el Cabildo cívico, para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) proceda al desalojo de asentamientos ilegales, que vinculan a las quemas y desmontes que se realizan desde agosto y que, a su vez, derivaron en los incendios que aún afectan la flora y fauna de esa región.

De acuerdo a lo aprobado el viernes a los pies del Cristo Redentor, el INRA tiene hasta las 12:00 de hoy para que haga el desalojo de estos asentamientos, o “caso contrario se procederá, a las 12:01 a verificar la ilegalidad y hacer cumplir el mandato de este Cabildo”. Por esto, Ronny Justiniano, vicepresidente del Comité Cívico Provincial, informó que hoy comienzan a definir los mecanismos legales y logísticos para hacer cumplir este clamor popular.

Para esto, explica que se conformó una Comisión de Tierras, conformada por un representante cívico, y uno municipal de cada uno de los municipios que conforman el Bloque Chiquitano. Asegura que si la respuesta del INRA es negativa, se activa de inmediato el trabajo de esta comisión.

“No quiere decir que ese rato -a las 12:01- comenzamos con el desalojo físico. Hay diferentes formas de desalojar, no pretendemos generar confrontación. Como es un acto ilegal lo que hicieron, entonces nosotros veremos la forma legal de hacerlo”, señaló.

Desde La Paz, Roberto Polo, director nacional del INRA, anticipó a EL DEBER que consideran como “errada la determinación (del Cabildo)”, ya que aseguran que cumplen las normativas vigentes para la dotación de tierras productivas.

Comisión de tierras
La Comisión de Tierras, bajo la tutela de los cívicos provinciales, consiste en la instalación de reuniones ‘itinerantes’, es decir de un municipio a otro, en las que se expondrá información sobre denuncias de avasallamientos. Así sucederá hoy, según Justiniano, cuando Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, se traslade a San José de Chiquitos para reunirse con Avelino Román Taborga, presidente cívico, y Ulises Pessoa, presidente del Concejo Municipal.

“Primero se reúne la comisión para recabar los datos, luego se definen propuestas y se las presentan a los alcaldes de estos municipios para coordinar acciones”, afirmó Justiniano.

Este trabajo también incluye el recorrido a las comunidades asentadas, ya que los cívicos carecen de la información sobre cantidad y ubicación, y afirman que el INRA no se las da.

José Ernesto Serrate, presidente del Bloque Cívico Chiquitano, sostuvo que la comisión debe trabajar en la logística del desalojo, además de gestionar una auditoría de estas comunidades ante cada municipio, ya que estiman que hay al menos 2.000 nuevos asentamientos en la región. Sin embargo, dice que reciben denuncias de que se encuentran casí vacías ya que se abren con fines políticos (electorales) y de especulación de tierras.

“Tenemos que analizar la logística y tener una auditoria. Es decir que pueden haber comunidades con 30 familias registradas, pero en las que en realidad vivan tres o cuatro familias”, dijo.

Por el momento, se prevé que el orden de las reuniones de la comisión sea San José de Chiquitos (hoy); luego San Ignacio de Velasco, San Miguel y Roboré.

Otro de los reclamos que plantean elevar al Gobierno es que las nuevas comunidades significan el incremento del presupuesto municipal y departamental, y sin embargo, no hay una restitución de los recursos ya que se siguen asignando desde el Gobierno la misma cantidad de recursos en base al Censo de 2012.

La respuesta del INRA
El director del INRA, Roberto Polo, señaló que interpreta que la decisión del Cabildo tiene que ver con la revisión de la normativa y no por una decisión que tenga que ejecutar esta institución.

Dijo que el mandato es errado porque el INRA da cumplimiento a las leyes vigentes en la regulación y asignación de tierras para la producción. Afirma que los asentamientos humanos “se dieron en tierras fiscales disponibles” o que son fruto de recortes por falta de cumplimento de la Función Económica Social (FES).

“Han asociado, politizado y mediatizado lo que está pasando en la Chiquitania para confundir a la población”, refirió Polo.

Indicó que el INRA no emite, ni legitima asentamientos en lugares prohibidos como parques, áreas o reservas protegidas. “De verificarse ilegalidad (en estas zonas) nosotros no emitimos el derecho propietario, y corresponde a la ABT ejercer el poder coercitivo para desalojarlos”, apuntó.

Añadió que este tema amerita un análisis profundo, “siempre y cuando no se politice, para buscar un mejor horizonte”.

De acuerdo a reportes del INRA, desde 2013 a agosto de 2019 se otorgó 974 resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades campesinas, interculturales e indígenas en la región de la Chiquitania.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el sábado que las propuestas del Cabildo deben evaluarse con los sectores, ya que representan una interpelación al modelo productivo cruceño.

También se refirió al planteamiento sobre tierras. “Ojo que en nuestra región había gente que tenía más de 100.000 hectáreas a su favor, y la tierra servía para ‘engordarla’ o alquilarla”, dijo.

EL DEBER intentó comunicarse con César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, quien en primera instancia dijo que sostenía una “importante reunión” pero se comprometió a dar una respuesta; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no contestó.

Campesinos movilizados
Wilson Cáceres, dirigente de la Federación Departamental de Interculturales de Santa Cruz, afirmó que se encuentran en estado de emergencia, tras los anuncios de desalojo realizado por el Comité pro Santa Cruz. Por esto, dijo que se convocó para hoy a una reunión de emergencia con el Bloque Oriente.

“Nos preocupa, pero no tenemos miedo. Somos oriundos de esta tierra, y si el Comité Cívico, ese pequeño grupo de poder, quiere quitarnos la tierra, estamos dispuestos a defenderla. Lo que pide el Comité no es social, sino político”, añadió.

Para hoy se prevé que el presidente cívico, Luis Fernando Camacho, brinde una conferencia de prensa a las 10:00, antes de partir rumbo a San José de Chiquitos.

Por su parte, desde la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, informaron que aguardan conocer las determinaciones de esta comisión.