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Jue, Dic

Santa Cruz avasalladores operan con títulos falsos y comunidades fantasmas

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EN EL DEPARTAMENTO CRUCEÑO SE REGISTRAN LAS TOMAS ILEGALES MÁS VIOLENTAS
Santa Cruz: avasalladores operan con títulos falsos y comunidades fantasmas

Grupos de loteadores falsifican folios reales y registros en Derechos Reales en las urbes. En el norte cruceño los ataques de avasalladores, que han dejado muertos y heridos, se incrementan en la impunidad.
“Encontramos tres folios falsos, todos a nombre de un supuesto albañil que, claro está, es un palo blanco”.
Daniela Cabrera, abogada 1.435 CASOS de avasallamientos de tierras en todo el país que cursan en el Tribunal Agroambiental. “Basta que los loteadores digan que son del MAS para que el INRA no hagan nada contra ellos”.
Salvador Vaca, cívico.

Todo comenzó el miércoles 4 de marzo de 2020, alrededor de las diez de la mañana. Los candados volaron, cayó el letrero de “Propiedad Privada” y un grupo de gente ingresó blandiendo machetes y vociferando amenazas con la intención de apropiarse de 25 hectáreas que son parte de la finca El Valle, en Santa Cruz de la Sierra.

Los terrenos, que les costaron unos 900 mil dólares a cuatro socios, están destinados a la construcción de condominios, pero como aún no se iniciaban las obras fueron un blanco atractivo para los loteadores. Además de violencia, éstos utilizaron documentos falsificados para sustentar su propiedad.

Este es uno de los 1.435 casos de avasallamientos en el país que cursan en el Tribunal Agroambiental: 716 casos corresponden a Cochabamba, 243 a Santa Cruz, 241 a Tarija, 218 a La Paz, 216 a Chuquisaca, 139 a Potosí, 119 a Beni, 112 a Oruro y 15 a Pando.

El modus operandi de los loteadores es similar, emplean papeles idénticos a los originales y/o usan la violencia para sus tomas. En el departamento de Santa Cruz surgió, además, otra modalidad de avasallamiento: crean comunidades fantasmas para apropiarse de propiedades que no les pertenecen.

“Encontramos tres folios falsos, todos a nombre de un supuesto albañil que, claro está, es un palo blanco”.

Todo comenzó el miércoles 4 de marzo de 2020, alrededor de las diez de la mañana. Los candados volaron, cayó el letrero de “Propiedad Privada” y un grupo de gente ingresó blandiendo machetes y vociferando amenazas con la intención de apropiarse de 25 hectáreas que son parte de la finca El Valle, en Santa Cruz de la Sierra.

Los terrenos, que les costaron unos 900 mil dólares a cuatro socios, están destinados a la construcción de condominios, pero como aún no se iniciaban las obras fueron un blanco atractivo para los loteadores. Además de violencia, éstos utilizaron documentos falsificados para sustentar su propiedad.

Este es uno de los 1.435 casos de avasallamientos en el país que cursan en el Tribunal Agroambiental: 716 casos corresponden a Cochabamba, 243 a Santa Cruz, 241 a Tarija, 218 a La Paz, 216 a Chuquisaca, 139 a Potosí, 119 a Beni, 112 a Oruro y 15 a Pando.

El modus operandi de los loteadores es similar, emplean papeles idénticos a los originales y/o usan la violencia para sus tomas. En el departamento de Santa Cruz surgió, además, otra modalidad de avasallamiento: crean comunidades fantasmas para apropiarse de propiedades que no les pertenecen.

Avasallamiento en la urbe

Después de la toma violenta de El Valle, se abrió un cuaderno de investigación en la Fiscalía de Warnes, signado como caso Felcc N° 155/2020, 14 N° 2000340. Los propietarios afectados iniciaron una querella penal por el delito de “avasallamiento”.

Uno de los avasallados, Óscar Tarradelles Landívar, de 43 años, cuenta lo que vivió aquella mañana: “Al ver al grupo de gente, nos acercamos y les preguntamos qué hacían. Nos contestaron que el dueño les había dicho que se entren a los terrenos. Les dijimos que los dueños de esos predios éramos nosotros, que los habíamos adquirido el año 2017 de Mario Rollano Barrero, quien era dueño desde 1969”. Nadie se retiró de la toma.

Desde entonces, los estrados judiciales se han convertido para Tarradelles Landívar en parte de su agenda cotidiana. Inició una querella penal contra Víctor Alfonso Ortiz Méndez, señalado como el cabecilla del grupo de avasalladores a su propiedad.

El caso quedó bajo investigación del suboficial Nilo Pari y la dirección de la fiscal Karla V. Barrón Hidalgo. El proceso se amplió luego a los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado.

“Este es un caso de avasallamiento de un terreno ubicado en la zona Norte de Santa Cruz, que se desprende de una superficie de 25 hectáreas que adquirieron cinco amigos para realizar un parque estilo Disney. No se pudo desarrollar ese proyecto, entonces se dividieron en partes iguales, tocándole a cada uno cinco hectáreas con 624 metros”, describe Daniela Cabrera, abogada de la víctima del avasallamiento.

Papeles falsos

El procedimiento para cometer este delito, sobre todo en predios privados, es semejante en la mayoría de los casos. En El Valle el detentador o avasallador posee tres documentos, con lo que justifica su posesión: una transferencia de posesión, una minuta de transferencia y una minuta aclarativa.

De acuerdo con la abogada Cabrera, esa transferencia de posesión provino de Miguel Chimber Moll, quien tiene otro proceso en su contra por avasallamiento. “Pero lo más llamativo es que esa transferencia se firma después de la fecha del fallecimiento del vendedor”, cuestiona la jurista.

De acuerdo a los propietarios, en 2018 Carlos Ernesto Roca Parada, Óscar Tarradelles Landívar y Rosa Elena Galdo adquieren las últimas cinco hectáreas del predio con la finalidad de realizar un proyecto urbanístico. El 4 de marzo de 2020, los terrenos fueron avasallados por un grupo encabezado por una persona identificada como Cayo, luego se supo que se trataba de Ricardo R. S.

“Ingresa con un gran grupo de personas con palos y machetes en dos camiones, acompañados de la Policía de la EPI 8. Sacan a los albañiles contratados que se encontraban realizando trabajos de construcción civil”, sostiene la abogada de los avasallados.

“Investigando, encontramos tres folios reales, todos a nombre de Víctor Alfonso Ortiz Méndez, un supuesto albañil que, claro está, es un palo blanco. Se investigó y se encontró que este señor había falsificado cinco planos de uso de suelo y utilizó esos planos falsos para obtener certificados catastrales y posteriormente registrar en Derechos Reales”, denuncia Cabrera.

En contraparte, Shirley Zeballos Carvajal, abogada defensora del acusado Ortiz Méndez, reconoce que su defendido tiene varios procesos a raíz de otras denuncias de avasallamientos. Sin embargo, asegura que en su condición de profesional ella está en condiciones de demostrar que su cliente tiene la razón.

“Yo, como abogada, lo que hago es simplemente hacer respetar los derechos de mis clientes. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, dentro del marco legal, para defender lo que es el derecho de una persona mediante documentación”, expresa la jurista Zeballos.

Por este caso, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra inició también una querella penal contra Víctor Alfonso Ortiz Méndez. Lo acusó de falsificar documentación municipal en relación a la propiedad de El Valle.

Sobre este caso, la Sentencia 25/22 el 3 de mayo 2022 establece: “La juez décimo de Sentencia en lo penal de la Capital del Distrito Judicial de Santa Cruz falla declarando al acusado Víctor Alfonso Ortiz Méndez autor y culpable de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En consecuencia, se lo condena a cumplir la pena de cinco años de presidio en el Centro de Rehabilitación Cárcel de Palmasola una vez la misma sea ejecutoriada”.

Por casos semejantes al de El Valle, el Tribunal Agroambiental, hasta mayo de esta gestión, dilucidaba 1.435 causas en el país, según el reporte de la magistrada del Tribunal Agroambiental, Ángela Sánchez, en la Rendición Pública de Cuentas.

Comunidades fantasmas

Con más de medio centenar de denuncias, la provincia Guarayos de Santa Cruz afronta graves avasallamientos de tierras, no solo por la cantidad de casos, sino por la violencia con la que proceden los loteadores.

La TCO Guarayos abarca una extensión de 1.343.647 hectáreas legalmente tituladas y es la propiedad colectiva más grande del departamento cruceño. Posee extensos terrenos, ricos en recursos, que fueron declarados fiscales, y despiertan la ambición de avasalladores, que fueron denunciados decenas de veces por los comunarios.

“Los avasalladores, los que trafican tierra, las mafias ubican un terreno de grandes dimensiones y colocan un letrero que dice ‘Comunidad fulano de tal’. Es decir, se inventan una comunidad, venden terrenos y se asientan. Luego, solicitan al Concejo Municipal la certificación de existencia y allí, por corrupción o por afinidad política, aprueban estas comunidades inexistentes”, explica el presidente del Comité Cívico de Ascensión de Guarayos, Salvador Vaca.

Violencia creciente en tomas

“Soy Mario Zapata, fuimos a dialogar y recibí un impacto de bala en el brazo”, señala en un video el testimonio del hombre que fue herido en la toma de tierras en la subcentral Pailitas, en Guarayos, el 28 de julio.

Cuatro meses antes, en marzo de 2022, en la estancia “La Estrella” -ubicada en la localidad de San Antonio del Junte en Guarayos- enfrentamientos entre avasalladores y comunarios contratados por los propietarios dejaron un muerto y seis detenidos.

En septiembre de 2021, avasalladores tomaron el predio “El Encanto”. Cuando procedían al desalojo de la toma, por orden judicial, un centenar de policías fueron emboscados por personas armadas. El saldo fueron tres uniformados heridos de bala.

Otro conflicto violento por avasallamiento, que dejó heridos, se registró en el Núcleo 53 Brecha Casarabe. Juan Montaño López, propietario del predio ocupado, y sus acompañantes fueron atacados por avasalladores con machete, palos y disparos. Montaño resultó herido por arma de fuego.

El 28 de octubre de 2021, en la propiedad Las Londras, un grupo armado de encapuchados avasalladores secuestraron y torturaron a policías, periodistas y trabajadores civiles. Otro ataque similar se registró en julio pasado. No obstante, el 30 de agosto, el juez cautelar de Guarayos, Roberto Cruz, ratificó libertad con medidas sustitutivas para Paulino Camacho Vedia, considerado cabecilla del grupo armado de loteadores.

Leyes que no se cumplen

La Constitución Política del Estado, la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, entre otras normas, protegen la propiedad privada. No obstante, éstas no cumplen y se incrementan los avasallamientos.

“El problema no es la falta de leyes. Se sabe en muchos casos que funcionarios y autoridades están implicados en el tráfico de tierras, han recibido sobornos, han hecho dobles titulaciones, han entregado autorizaciones de asentamientos ilegales a cambio de acuerdos políticos y económicos. Se vulneran las leyes de acuerdo a intereses”, asegura Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.

En esta situación, el presidente del Comité Cívico de Guarayos, Salvador Vaca, apunta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

El INRA, dice, al estar en manos de los movimientos sociales es complaciente con los avasalladores. “Basta que enarbolen la wiphala y digan que son del MAS para que el INRA no haga nada”, protesta el cívico.

En el caso de la ABT, Vaca afirma que “cumple un rol encubridor, puesto que aunque se denuncia desmontes o chaqueos ilegales ejecutados por avasalladores, se niega a intervenir asegurando que no tiene gasolina ni personal. No puede ser”.

Página Siete solicitó las versiones de la ABT y el INRA, pero pese a la insistencia no obtuvo respuestas.

Está es la cuarta de cuatro entregas de la investigación de P7 Plus. Véala versión multimedia en