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Los piratas de la tierra: Corrupción, ilegalidad y manejo político de las tierras en Santa Cruz durante el gobierno de Evo Morales

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Esta investigación fue realizada por Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio en alianza con Connectas, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Los Piratas de la Tierra,

Se publica en Página Siete, El Día y Los Tiempos y ahora en notiboliviarural.com

En 2006, cuando asumió como el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales anunció una Revolución Agraria, que “beneficiaría a los campesinos e indígenas del país que necesitaran tierras para trabajar” y que “aseguraría la soberanía alimentaria”. Catorce años después, el presidente de la Pachamama, quien juraba que su programa de gobierno favorecería a los pueblos indígenas, preservaría y fortalecería su relación con la madre tierra, no solo les quedó debiendo, sino que los utilizó para fortalecer su proyecto político. Se cuestiona que se entregaron tierras a personas de zonas como Cochabamba y no así a campesinos e indígenas locales, como manda la ley. Esto se ve agravado por decenas de testimonios que aseguran que los dirigentes sindicales y las exautoridades se llenaron los bolsillos con cobros ilegales a costa del sueño de que la tierra sería para quien la trabajara.

Luego de ocho años de fallidos arranques, esta revolución explotó en 2014, cuando en el departamento de Santa Cruz, el más extenso y motor de la agroindustria en Bolivia, se cuadruplicó la entrega de tierras en relación con los años anteriores. Durante la presidencia de Evo Morales, solo en Santa Cruz se entregaron 1,7 millones de hectáreas de tierras estatales a nuevos comunarios. El equivalente a una superficie superior a toda la isla de Jamaica.

Pero lejos de ser una medida que favoreció a los sectores más pobres, dicha revolución agraria, en Santa Cruz y la región conocida como la Chiquitania, se convirtió en uno de los temas más polémicos del gobierno de Morales, puesto que las autorizaciones incumplieron los procesos de ley y sus fundamentos básicos: los beneficiarios no fueron los campesinos e indígenas sin tierra, sino que miembros de una sola organización campesina (la CSUTCB) se llevaron más del 70 % de toda la tierra a través de dirigentes que, según numerosas denuncias que hoy están siendo investigadas por el gobierno de transición, conformaron mafias para extorsionar a dueños legítimos, generar comunidades fantasmas, realizar cobros ilegales por los trámites y crear asentamientos que destruyen reservas naturales.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), un ente desdibujado por señalamientos de corrupción y casi 10 años de directores interinos, se convirtió en la instancia que, de manera unilateral, decidía todo: la cantidad, el lugar y los beneficiarios de entrega de tierras, pasando por encima de los controles y actores estipulados por la ley. Esto devino en autorizaciones irregulares que causaron enfrentamientos entre comunidades y cambios ilegales de uso de suelo (de manejo forestal a uso agrario), además de viciar de nulidad la mayoría de las autorizaciones de nuevas comunidades.

Los campesinos e indígenas beneficiados con las tierras son en su mayoría (70 %) migrantes de poblaciones urbanas que intentan ‘recampesinizarse’ por un pedazo de tierra y que hoy son llamados colonos en estas nuevas comunidades. Algunos de ellos tuvieron que trasladarse miles de kilómetros a lugares apartados para vivir sin acceso a agua potable ni servicios básicos, sufrir el maltrato de las instituciones gubernamentales, los cobros y abusos de dirigentes y la estigmatización por parte de las poblaciones locales en los lugares a donde llegaban (por la falta de políticas de integración). A otros les bastó afiliarse a un partido político para lograr poder y beneficios dentro de sus comunidades. Todos fueron utilizados como fichas de esta política de colonización territorial de Evo Morales. Es por eso que esta investigación los llama Los piratas de la tierra.

Esta investigación fue realizada en alianza con CONNECTAS, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Durante cuatro meses, visitamos más de una docena de comunidades en toda la Chiquitania y otros territorios de Santa Cruz. Además, revisamos con detalle los datos de la dotación de tierras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y entrevistamos a expertos, instituciones, autoridades y organizaciones campesinas e indígenas. Las exautoridades protagonistas de las irregularidades que este reportaje revela —excepto Teodoro Mamani, el líder nacional de la CSUTCB— se mantuvieron en silencio sin contestar preguntas ni recibir a los periodistas.

Los reyes de la selva: el clan de los Leones

 

Esta investigación fue realizada por Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio en alianza con Connectas, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Los Piratas de la Tierra se publica en Página Siete, El Día y Los Tiempos.

También puede acceder al especial multimedia de Connectas.

En la repartición de tierras fiscales en Santa Cruz, hubo una institución ganadora y que jugó con ventaja: la CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Este sindicato siempre se identificó con los colores de Evo Morales y gracias al peso que tuvo en su gobierno se llevó el 70 % de las tierras dotadas. Entre sus dirigentes y los funcionarios del gobierno de Morales que manejaban la titulación territorial hubo una relación más que estrecha. Conozca cómo se movieron los tentáculos de estos piratas que definían quién se llevaba el botín de oro verde que vieron en la selva cruceña.

Padilla es una localidad rural del departamento de Chuquisaca donde viven 10 mil almas que, en su mayoría, se dedican a la producción de ajíes. Estos valles apacibles parieron a tres hombres que se convirtieron en los reyes de la selva, ostentando el poder a nivel nacional de repartir tierras a quienes señalaban. Este clan no solo compartía el mismo lugar de nacimiento, sino también el mismo color político (Movimiento al Socialismo, MAS, el partido de Evo Morales), y lo más llamativo, el mismo apellido: León.

Juan Carlos León fue viceministro de Tierras en 2017, puesto que dejó a fines de 2018 para ser director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A los cuatro meses de estar en el cargo que le daba el poder máximo de la asignación de tierras en Bolivia, se vio acorralado luego de que salieran a la luz casos de asentamientos de cocaleros en reservas naturales, autorizados por esta entidad. Pero esto no bastó para que el partido de Evo Morales lo alejara de su cúpula, al contrario, fue devuelto a su anterior cartera de viceministro de Tierras, donde se mantuvo hasta el final del Gobierno de Morales en noviembre de 2019.

El rey de los Leones tenía la confianza del entonces ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, quien lo posicionó en los cargos más poderosos del tema tierra a nivel nacional. Todo a pesar de incumplir uno de los requisitos básicos para ser director del INRA: tener título de abogado. Juan Carlos León solo terminó la secundaria, detalle que implica que tanto él como Cocarico cometieron delitos de Incumplimiento de Deberes, Nombramiento Ilegal y Ejercicio Indebido de la Profesión.

Mientras Juan Carlos León mandaba en las instituciones nacionales, otro León de Padilla era secretario departamental de La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en Santa Cruz. Adolfo León lideró esta organización conocida como La Única y reconocida por ser la histórica entidad que dio inicio a las luchas campesinas en Bolivia en la segunda mitad del siglo XX y que estuvo muy involucrada en el surgimiento de Evo Morales y su partido como fuerza política.

Adolfo León encabezó la organización que más se benefició de la política de entrega de tierras fiscales. La Única se llevó más del 70 % de las tierras entregadas en Santa Cruz entre 2014 y 2018. Esta fue la época en que se emitió la mayor cantidad de autorizaciones de asentamientos en los últimos 25 años en la historia de Bolivia. Por ejemplo, solo en 2018 —año en el que Juan Carlos León fue viceministro de Tierras y director Nacional del INRA—, de las 187.111 hectáreas entregadas en Santa Cruz, según datos del Viceministerio de Tierras, 133.387 fueron para los afiliados a la institución de Adolfo León. Es decir, el 71 %.

En Bolivia existen otras organizaciones sociales que agrupan a sectores indígenas y campesinos como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (Bartolinas), Interculturales, MST (Movimiento Sin Tierra) y CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano). Si bien estas también han recibido parcelas, los porcentajes son mínimos comparados con los de quienes se llevaron la mayor parte del botín: los miembros de . Por ejemplo, los indígenas del oriente (CIDOB) que por ley debieron ser priorizados, no llegaron a obtener ni el 1 %.

Bajo Adolfo se encontraba el tercero de los felinos de Padilla: Henry León, quién fungía como dirigente regional de Pailón en la CSUTCB. Pailón es uno de los tres municipios que conforman la provincia de Chiquitos, es el más cercano a la ciudad de Santa Cruz y ha sido la cuna del boom de la soya y la producción agrícola cruceña. “Henry León maneja la llave de Pailón, que es la puerta de entrada a la Chiquitania, por ende, de la repartija de las tierras más valiosas y productivas de Santa Cruz”, denuncia Álvaro la Torre, abogado experto en causas de tierras agrarias.

Hoy, Henry León enfrenta una querella presentada por la actual ministra de Desarrollo Rural del gobierno de transición, Eliane Capobianco. Fue denunciado por “amedrentamiento y amenazas a funcionarios” a inicios febrero cuando autoridades del Ministerio y del INRA visitaron comunidades asentadas en Pailón. Luego de múltiples denuncias de irregularidades en la dotación de tierras, Capobianco anunciaba una revisión de todo lo hecho por el INRA durante el gobierno de Evo Morales, en especial en estos distritos donde los leones habían creado su propia jungla.

Anacleto Aguirre, un campesino de Pailón, es la figura central de uno de los casos que muestra cómo actúan los que él denomina Los traficantes de la tierra. “Tengo un familiar, Nilo Aguirre, que nos llamó a mí y a mis hermanos y nos dijo que había tierras para nosotros. Yo, que nunca tuve terreno, me emocioné y nos fuimos para allá a asentarnos”, así comienza su relato este campesino que a pesar de la gravedad de sus revelaciones mantiene su hablar con palabras simples y sin enojos.

Las tierras que le ofrecieron eran uno de los predios expropiados en 2012 en el sonado caso Ostreicher (un norteamericano acusado de legitimación de ganancias ilícitas cuyo juicio destapó una red de extorsionadores dentro del Poder Ejecutivo del gobierno de Morales y que finalizó con la fuga de Ostreicher de la cárcel con la ayuda del actor Sean Penn).

El campesino se alegró cuando su pariente Nilo Aguirre le dijo que una parcela de tierra salió a su nombre autorizada por el INRA (ver listas). Pero la sonrisa se fue rápido cuando el mismo Nilo le pidió 500 dólares como comisión para el INRA y los dirigentes. Ese sería solo el primer pago que les demandarían a él y a otros beneficiarios por mantener su nombre en la comunidad.

Anacleto frena su relato y hace una suma simple que deja ver la magnitud del botín que se reparten estos piratas: “Somos 90 personas que figuramos y nos pidieron 500 dólares a cada uno, es mucho dinero”. Son 45 mil dólares de comisiones en una sola autorización de asentamiento. Al menos una decena de comunarios entrevistados en diferentes zonas de la Chiquitania hablaron de los mismos cobros de los dirigentes, quienes los obligan a pagar en bolivianos el equivalente a 500 dólares por solo ingresar como miembros de y de una comunidad (ver capítulo II). Negarse al pago tiene un costo: la expulsión de la comunidad. Anacleto fue sacado del predio junto con otras tres personas de su familia que tenían parcelas a su nombre y encima fue amenazado por los dirigentes. El cabecilla fue el encargado de su comunidad y dirigente de , Simón Apata Quispe.

Anacleto peregrinó con su denuncia “por cobros ilegales y por tráfico de tierras” durante años. “Allá en el predio la gente vende las parcelas (50 hectáreas) a 10 mil dólares y también las alquila a 100 dólares la hectárea. Fui a ver a Henry León y a todos los dirigentes de , pero ellos me amenazaron y me dijeron que me quedara callado. Les contesté que los demandaría porque son unos corruptos”, relata.

Álvaro la Torre, abogado de otros casos de tráfico de tierras y corrupción en el INRA, tomó la causa de Anacleto y armaron una denuncia contra Sergio Imana, director del INRA en Santa Cruz, quien no hizo caso a la acción del campesino y ni siquiera quiso recibirlo.

La ley indica: “De evidenciarse avasallamientos, venta o tráfico de tierras fiscales en el área autorizada, el INRA de oficio o a denuncia iniciará las acciones administrativas y/o penales contra los autores, cómplices, encubridores e instigadores”. Esta fue la norma claramente incumplida por Imana, pero Anacleto sentía que no había esperanzas, debido a los contactos que Imana tenía con la justicia.

Todo cambió cuando Evo Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre y dejó el país luego de ser acusado de fraude electoral, y entró un gobierno de transición que prometía investigar los casos de corrupción del MAS. Imana ingresó a prisión preventiva el 26 de noviembre de 2019. Su encarcelamiento fue muy anunciado por las nuevas autoridades del gobierno transitorio como una señal de transparencia en el INRA.

Sin embargo, cuando los autores de esta investigación fueron a buscar a Imana a la cárcel en enero de 2020, este ya había salido en libertad bajo fianza. Álvaro la Torre, cuenta: “Le dieron la posibilidad de poner un bien como fianza para salir. Fue una audiencia de más de cinco horas con cuatro cuartos intermedios, algo muy extraño. Quien la llevó a cabo fue la vocal de la sala penal Arminda Méndez, diputada en el primer periodo del gobierno de Evo Morales”. La libertad de Imana no trascendió a los medios de comunicación ni la opinión pública. Se intentó contactar más de una decena de veces a su abogado para tener su versión, pero sin éxito. También se trató de hablar con el dirigente Adolfo León, quien aceptó una entrevista, pero no acudió a la cita. Luego de las denuncias contra Henry, Adolfo dejó de contestar el teléfono.

Teodoro Mamani, secretario general de la CSUTCB, fue el único que accedió a una entrevista y salió en defensa de su institución y del proceso de autorización de tierras de Morales: “Antes del hermano Evo ningún campesino tenía acceso a la tierra, era todo para terratenientes”. También asegura: “Hasta el momento no existe ni un caso de que la tierra (dotada a comunarios) se venda. Tampoco hay comunidades fantasmas. Puede ser que los compañeros vuelvan por una temporada a sus lugares de origen, pero su tierra sigue cumpliendo su función económica y social. Lo que pasa es que el nuevo gobierno busca excusas para sacarnos nuestras tierras, pero no nos vamos a dejar”. Las declaraciones de Mamani son dadas desde La Paz a más de mil kilómetros de Santa Cruz. Desde allí, asegura que todo está ajustado a la ley, aunque admite que no ha hecho supervisiones en terreno, sino que se basa en reportes de sus subalternos en Santa Cruz.

Mientras tanto, la injusticia que sufrió Anacleto muestra el abuso de poder y la ilegalidad que campea entre los dirigentes de estas instituciones. Y aún así está lejos de ser lo más oscuro que encontramos entre los dirigentes de la comunidad Los Cedros. La lista de integrantes de esta comunidad guarda un secreto: Simón Apata Quispe, dirigente de la CSUTCB que encabezó el asentamiento de Los Cedros, fue denunciado por la violación de una menor de 13 años con el agravante de ser su hijastra y de que la víctima terminó embarazada.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la niña, Paulina Ramos Saigua, quien poco después firmó un Acta de Desistimiento del proceso. Hoy, Paulina figura como beneficiara de una parcela de tierra de Los Cedros y la Torre denuncia que el expediente desapareció del juzgado de Warnes donde fue presentado. El abogado apunta esto como otro ejemplo de cómo las influencias de estos dirigentes pesan ante la justicia, que parece ponerse un parche en el ojo para juzgarlos.

La mafia de la tierra no solo afecta y utiliza a su antojo a campesinos sino también a propietarios de haciendas. El testimonio de la abogada Marianela Bozo, en otro caso, permite ver el mismo modus operandi de los dirigentes y la complicidad del INRA, también en la zona de Pailón. La doctora Bozo fue contratada por la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Colonia Menonita Neuland. Esta asociación denunció a Evo Morales y a César Cocarico (entonces presidente y ministro) porque sus tierras, compradas de buena fe y con la documentación legal para corroborarlo, habían sido declaradas tierras fiscales en 2017 y al poco tiempo una comunidad apareció en el lugar con autorización de asentamiento del INRA.

“Realicé mi investigación y descubrí un grupo bien organizado que se dedicaba a pedir dinero a los productores de la zona. En Pailón se ubicaban propiedades (sin importar que tengan todos sus papeles en orden y cumplan la función económica y social) y se les recortaban partes que se declaraban tierra fiscal. Los dirigentes de la zona conformaron comunidades con las cuales ingresaban a los predios y el INRA les daba la resolución de autorización de asentamiento”, cuenta Bozo.

Esta abogada sufrió las consecuencias de denunciar al INRA y sus tentáculos entre los dirigentes campesinos: dos encapuchados lanzaron una bomba molotov en su despacho cuando ella apenas había tomado la causa.

“Existen muchísimos casos y muchas veces los propietarios y los productores pagan para evitarse problemas. A mí me pidieron 50 mil dólares, pero a otros clientes de asociaciones más grandes les han pedido hasta un millón de dólares por solucionar sus asuntos”, finaliza la doctora, quién a pesar de las amenazas no fue acallada. Actualmente, y ante el nuevo contexto de un gobierno transitorio, Bozo está comenzando un juicio a Rogelio Cocarico, hermano del exministro César Cocarico por un litigio de unas tierras en Beni, departamento amazónico del país. Este y otros casos dan señales de que la Chiquitania fue solo el primer botín de la repartija de tierras y que la Amazonia sería la próxima X en el mapa de los piratas.

cultura”.