El politólogo Franklin Pareja emitió una crítica contundente sobre la situación institucional y constitucional de Bolivia, calificando al país como un “Estado inconstitucional de no Derecho”. Según Pareja, la estabilidad democrática y el correcto funcionamiento de cualquier nación dependen de un sólido “paraguas institucional constitucional” que garantice la vigencia y respeto de la Constitución. En Bolivia, este paraguas se ha roto sistemáticamente, afectando la economía, la administración y el sistema electoral.
VIOLACIONES Y DESORDEN CONSTITUCIONAL
Durante los gobiernos de Evo Morales, se registraron cinco inaplicaciones de artículos constitucionales, incluyendo la violación de un referéndum, la búsqueda de una tercera y hasta una cuarta reelección, lo que, para Pareja, pulverizó la institucionalidad constitucional del país. La llegada de Luis Arce Catacora al poder no ha revertido esta situación; por el contrario, ha profundizado el desorden constitucional, con un fenómeno sin precedentes: jueces que fallan en su propio favor, conocidos como los magistrados “autoprorrogados”.
Pareja señaló al Decano de la Prensa Nacional que el circuito político, administrativo, económico y electoral está controlado por cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Este órgano, en lugar de proteger la Constitución, ha actuado como un Tribunal Inconstitucional, cercenando facultades de la Asamblea Legislativa y del Órgano Electoral. Por ejemplo, el TCP ha asumido competencias que corresponden a otros órganos, como decidir candidaturas, validar o anular elecciones y definir en qué regiones se puede votar. Además, ha destruido el principio de preclusión, generando un caos institucional sin precedentes”, dijo.
CONSECUENCIAS: CAOS, IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN
La consecuencia directa de esta ruptura institucional es un país en caos, donde no existe igualdad ante la ley y la corrupción se ha disparado sin límites, generando una impunidad descarada. La desinstitucionalización ha erosionado la confianza ciudadana y ha puesto en riesgo la democracia boliviana, sostuvo Pareja.
El analista también enfatizó que la crisis económica y social que atraviesa Bolivia es resultado de una política errática de casi dos décadas, con una deuda pública que supera el 80% y una caída en las exportaciones.
La falta de reservas y la insuficiencia financiera para sostener subsidios energéticos agravan la crisis, que no se resolverá con medidas coyunturales o diálogos superficiales, sino con un cambio profundo en la política económica y la restauración del orden constitucional.
LLAMADO AL DIÁLOGO
A pesar de la gravedad, Pareja hizo un llamado a la madurez política y a la cultura del diálogo como única vía para construir paz social y buscar soluciones. Consideró que la sociedad boliviana anhela ver a sus actores políticos dialogando, aunque reconoce que las soluciones inmediatas son difíciles y que el país enfrenta un momento crítico.
eldiario.net