La matanza de cerca de 100 vicuñas entre la última semana de mayo pasado y principios de junio, todas con armas de fuego por la caza furtiva en las poblaciones de Papujio, Cayñi, Pacorcollo y Wiñay Rosa Pata del departamento de Oruro y en Cahuaycollu, Cala Cala y Leucasi del departamento de Potosí, demuestra la carencia de protección por parte del Estado en las comunidades manejadoras de la especie silvestre que está resguardada por la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente 1333 y el Decreto Supremo Nº 385 que reglamenta su conservación, manejo y aprovechamiento sustentable.

“Los cazadores lucran con la fibra, desde hace rato (años atrás), ocasionan un perjuicio en varios lugares que afecta a todas las comunidades manejadoras, porque nos duele que sólo les saquen su piel y el cuerpo lo dejen”, afirmó René Paca, presidente de la Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña Wila Khollo (Arcmv), que agrupa a 11 Comunidades Manejadoras de Vicuña (CMV) en las que se incluye Papujio y Cayñi de los municipios de Santiago de Huari y Santuario de Quillacas de Oruro, donde se mataron a más de 30 especímenes.

La vicuña (Vicugna vicugna) es el camélido silvestre sudamericano con mejor adaptación al ecosistema del altiplano andino, es un animal silvestre que ha registrado una recuperación poblacional sostenida gracias al aprovechamiento sostenible realizado por las comunidades, por lo que constituye un recurso natural renovable de gran potencial. En Bolivia, se encuentra en la región altiplánica de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cohabamba.

Según la Asociación Comunitaria para la Comercialización de la Fibra de Vicuña de Bolivia (Acofivb), que representa a 12 asociaciones regionales y que, a su vez, organiza a más de un centenar de comunidades manejadoras en el territorio nacional, que se recuperó de estar, en los años setenta, “en Peligro Crítico” (CR) o de un riesgo extremadamente alto de extinción inminente.

Después de una década y media de protección irrestricta promovida por el Convenio de la Vicuña, suscrita entre Bolivia y Perú en 1969, a la que se sumaron Argentina, Chile y Ecuador, la estrategia de conservación incluyó su aprovechamiento sostenible por parte de las comunidades en cuyas tierras habita el camélido silvestre. Este manejo se convirtió en un modelo de conservación y aprovechamiento sustentable; sin embargo, amenazas como la caza furtiva y la invasión de su hábitat aún afectan a sus poblaciones.

“Gracias a décadas de protección y manejo comunitario, la vicuña ya no se encuentra en peligro en el país. Su población ha crecido significativamente, especialmente en áreas protegidas como en Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, el Parque Nacional Sajama y la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa”, menciona un informe de Acofivb.

EN ÉPOCAS FRÍAS LAS MATAN

René Paca reveló que los cazadores furtivos se movilizan en motocicletas y camionetas, usan armas de fuego, principalmente, aparecen en la época fría, cuando los habitantes de varias poblaciones de altura (más de 3.500 msnm) se disponen a “bajar a las hoyadas” en busca de un clima menos frío. “Al bajar con nuestras llamas y ovejas, se crea una confusión y las vicuñas quedan sin el respectivo resguardo”, indicó.

“Bajar a las hoyadas”, es una práctica ancestral y una estrategia de adaptación, se refiere al movimiento estacional de comunidades altoandinas hacia zonas más bajas en respuesta a las condiciones climáticas extremas como heladas que afectan a su ganado y sus cultivos.

150 VICUÑAS MURIERON EN 2023

El presidente de la Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña Wila Khollo recordó que, en esta misma época fría, en el año 2023 la caza furtiva ocasionó la muerte de 150 vicuñas en las comunidades de Sonaja Tola Khollu, Qullana Santiago de Paria y Belén Challamayu del departamento de Oruro.

La autoridad de los “vicuñeros” lamentó que después de haberse cumplido con las denuncias respectivas al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y a la Policía Boliviana, “no se tenga ninguna clase de respuesta o avances en las investigaciones por la muerte de 150 vicuñas de esa región”.

Cada Comunidad Manejadora de Vicuña, cumpliendo la normativa, designa vigilantes comunales y cuando sucede alguna clase de ilícito como su matanza por la fibra, las comunidades están obligadas juntamente con las asociaciones regionales a denunciar a las autoridades competentes, para que sancionen a los infractores.

Sin embargo, “la autoridad competente no cumple con sus funciones, como la de reprimir la caza furtiva con el uso de la fuerza pública”. Los vigilantes comunales se ven en situación de indefensión ante los cazadores furtivos, quienes están armados, agregó.

El Decreto Supremo N° 385 establece que la Comunidad Manejadora de la Vicuña se constituye en la unidad básica socio-organizativa para el manejo y aprovechamiento del camélido altoandino, conformada por varias familias de una o más comunidades de las regiones donde existen poblaciones de la especie silvestre.

Las comunidades conforman un directorio que asume la organización del manejo y el bienestar animal, la administración de los beneficios económicos por la venta de la fibra de la vicuña, orientados a la sustentabilidad dentro de su espacio territorial.

Más afectados

Por su parte, Elvis Lizarazu, presidente de la Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña de Quri Qarwa, que agrupa a 10 comunidades en el departamento de Oruro, dijo que “los más afectados por la caza furtiva sucedida entre el 26 y 27 de mayo de este año, son las poblaciones de Pacorcollo y Wiñay Tama Rosapata, en ambas se mataron a más de 45 vicuñas”.

“Utilizaron, al igual que en otras regiones, armas de fuego y las despellejaron, dejando los cuerpos de las vicuñas abandonados”, detalló.

El dirigente Jacobo Copa (Qapaq Ñan) informó que en las comunidades de Ayllu Autónomo Cala Cala, Carhuarcollu y Leucasi del departamento de Potosí, también mataron vicuñas a causa de la caza furtiva.

Respecto de la desprotección por la que atraviesan las comunidades, Copa explicó que las autoridades, tanto de las gobernaciones y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, “nunca hicieron nada porque al tratarse de cargos políticos están en otras cosas y no les interesa proteger los recursos naturales que tenemos como las poblaciones de las vicuñas”.

Para el aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña, las comunidades, entre septiembre y mediados de diciembre de cada año, cumplen con el monitoreo de los sitios de aprovechamiento, el traslado de materiales, equipos y herramientas muchas veces a pie, realizan el arreo, captura y esquila de su fibra de los especímenes vivos y aptos, según parámetros dictados por la norma técnica y cumpliendo medidas de bienestar animal.

De cada venta de la preciada fibra o ingreso bruto, las comunidades manejadoras entregan el ocho por ciento al Estado, el tres por ciento para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, otro tres por ciento a las gobernaciones o a las áreas protegidas nacionales y el dos por ciento a las alcaldías. “Se supone que ese dinero debe invertirse en el resguardo del animal silvestre, pero ninguna autoridad cumple”, sostuvo uno de los dirigentes. 

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