El precio del pollo en el mercado central de Sucre alcanzó los Bs 25 por kilo, una cifra que ha generado preocupación entre los consumidores y comerciantes. Este incremento, que se ha mantenido durante al menos cuatro días, según testimonios recogidos, ha reducido tanto la oferta como la demanda del producto.

En un recorrido por el mercado, solo algunos puestos de venta estaban abiertos este domingo. Rosmery, una vendedora, exhibía apenas cinco pollos en su mesón. "El kilo está a Bs 25", informaba a los compradores, mientras Laura, otra comerciante, explicaba el motivo de la escasez: "El pollo de las granjas cercanas se lo llevan a Potosí, Cochabamba y hasta La Paz".

La escena refleja el descontento entre los consumidores. Juan Pablo, un comprador, se mostró sorprendido al escuchar el precio. “¡Qué exagerado!”, exclamó antes de marcharse con la bolsa vacía. Por su parte, Felicia, una clienta frecuente, señaló que "el precio no baja y tampoco hay cantidad, solo unos cuantos pollos".

Ruth Reynolds, dirigente de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca (COD), calificó el aumento de precios como "una barbaridad". Anunció que este lunes se reunirán con el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, para exigir medidas que frenen la escalada.

Desde la Empresa de Apoyo a la Producción (Emapa), su representante regional, Pedro Ayllón, informó que el alimento balanceado aún no cuenta con subsidios debido a la falta de reglamentación anual. Este factor, según explicaron, es uno de los que ha disparado el precio del pollo, que hasta hace unos días se vendía entre 18 y 19 bolivianos el kilo.

El impacto de este incremento afecta principalmente a las familias con menores recursos, quienes dependen del pollo como una de las principales fuentes de proteína en su dieta. Mientras las autoridades intentan frenar la tendencia al alza, los consumidores esperan respuestas concretas que alivien el bolsillo de la población.

erbol.com.bo

El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, alertó que la disposición confiscatoria establecida en el Presupuesto General del Estado (PGE 2025) atenta contra la propiedad privada, la libre producción y el derecho al trabajo.

“En el ampliado multisectorial que tuvimos una vez más coincidimos con otros sectores, con el sector gremial y transportista, de que realmente esta disposición atenta contra la propiedad privada y lejos de solucionar el problema que tiene el país en este momento más bien ahonda la crisis”, afirmó el directivo anoche en una entrevista con la red Uno.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Esta disposición puso en alerta a los sectores productivos y de comerciantes porque se pone en riesgo la propiedad privada bajo el argumento de una lucha contra la especulación.

Castro también advirtió que esta norma, al margen de poner en riesgo la propiedad, “atenta contra la libre producción y el derecho al trabajo”.

Los gremiales del país, ayer, dieron un plazo de dos semanas al Gobierno para que anule esta disposición, de lo contrario iniciarán movilizaciones en todo el país hasta lograr la derogatoria.

No obstante, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que la disposición adicional séptima del PGE “está en pausa” mientras no exista una reglamentación biministerial por lo que exhortó a los sectores movilizados a que participen en la elaboración de la norma.

eju.tv

La Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) demandó, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, acelerar el tratamiento de leyes que quedaron pendientes en la pasada gestión, pese a que ya se habían interiorizado los temas con las respectivas autoridades

“Las gestiones han sido intensas y pedimos en este momento, como Congabol, que se dé celeridad a las normativas que tenemos pendientes en el Legislativo”, sostuvo el vicepresidente de la entidad productiva, Walter Ruiz, en conferencia de prensa.

A esto se suma también abrogación de los Decretos 5203 y 5225, ya que se contempla que afectan a la seguridad jurídica del sector, situación que también fue puesta en manifiesto a las autoridades de Gobierno.

Los temas pendientes

Ruiz explicó que se hizo la presentación del proyecto de ley de declaración de pausa de la verificación en campo de la Función Social (FS) y la Función Económica Social (FES), en los procedimientos de saneamiento y reversión de la propiedad agraria tengan un plazo de siete años.

“Esta propuesta tiene como objetivo de garantizar la seguridad jurídica al sector y por ende proteger la seguridad alimentaria del país”, puntualizó el dirigente

A esto se suma el pedido de aprobación del proyecto de ley N° 157/2023-2024, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la conversión de la clasificación de pequeña propiedad agraria mediana o empresarial, la misma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

La ley de apoyo en la lucha contra el abigeato, que se ha incrementado en el último tiempo, con miras a endurecer las penas es otro pedido de larga data del sector ganadero, según el reporte.

Además, también se pide contar con la ley del trabajador asalariado del campo, proceder a la reglamentación de la Ley 1171 y el acceso a créditos.

“También pedimos tramitar la certificación internacional de fiebre aftosa sin vacunación que es hoy por hoy un necesidad para poder seguir exportando nuestra carne y para ello necesitamos a un ente como el Senasag con muchas personas técnicas y que esté trabajando de la mano como lo ha hecho hasta ahora”, agregó el ejecutivo.

unitel.tv