Tras el giro político en el escenario legislativo, luego de las elecciones generales, el sector agropecuario salió a tocar las puertas de los nuevos diputados y senadores electos con una meta clara: mejores condiciones para producir.
La estrategia apunta a instalar en la nueva Asamblea Legislativa dos viejas demandas: la ampliación, a 10 años, del plazo de verificación de la Función Económica Social (FES) y la autorización para usar semillas genéticamente modificadas.
Ambas medidas, sostienen los productores, son indispensables para devolver certidumbre al agro y destrabar inversiones que permitan incrementar la producción de alimentos y divisas.
La propuesta fue presentada durante el encuentro con los legisladores electos de Santa Cruz, realizado en las instalaciones de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz). En el encuentro participaron los diferentes sectores que forman parte de la CAO e instituciones ligadas al sector productivo cruceño.
¿Por qué revisar la FES?
En la actualidad la verificación de la FES se realiza cada dos años, lo que genera inseguridad jurídica y frena el financiamiento. “Con evaluaciones tan frecuentes, la banca no concede créditos de largo plazo porque teme que el productor pierda su tierra”, advirtió la CAO. Por ello, plantean una ley que establezca revisiones cada diez años, lo que permitiría apalancar inversiones en tecnología y productividad.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Wálter Ruiz, lanzó duras críticas a la normativa vigente que regula la tierra en Bolivia y pidió a los legisladores electos de Santa Cruz avanzar en leyes que fortalezcan al sector productivo.
“La Función Económica Social hasta ahora solo sirvió para una extorsión. A muchos les va a doler la palabra, pero es la verdad”, dijo. Según explicó, el hecho de que esta figura se evalúe cada dos años genera incertidumbre y desalienta la inversión.
El dirigente recordó que hace más de seis meses el sector presentó un proyecto de ley para que la evaluación de la FES se realice cada 10 años, pero hasta hoy el tema sigue paralizado.
“Los productores solo pedimos reglas claras para invertir, producir y alimentar al país. Sin seguridad jurídica ni acceso a crédito, la pequeña y mediana producción está condenada a desaparecer”, concluyó Ruiz.
Biotecnología
Otra de las demandas del sector es autorizar el uso de semillas mejoradas y establecer un decreto para habilitar eventos transgénicos con historial de uso seguro en otros países, junto a la eliminación por cinco años de IVA y aranceles a la importación de maquinaria, equipos, insumos y genética.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, recordó que el agro aporta el 16% al PIB nacional, genera el 24% del empleo formal y produce casi una cuarta parte de las divisas del país. Sin embargo, aseguró que enfrenta candados estructurales: inseguridad jurídica, trabas a las exportaciones, restricciones tecnológicas, falta de dólares y escasez de combustibles.
“Por 18 años tenemos nuestra agenda postergada. Son 18 años peleando contra avasallamientos y esperando seguridad jurídica”, dijo el productor a modo de descargo el productor.
Luego del encuentro la CAO firmó un acuerdo con los legisladores electos para garantizar un marco legal nuevo que ayude a reactivar al sector productivo.
“Desde el sector productivo decimos con firmeza: queremos trabajar, queremos invertir, queremos producir. Pero necesitamos reglas claras, respeto a la propiedad privada, estabilidad económica y leyes que defiendan el derecho de cada boliviano a progresar sin miedo”, sostuvo.
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